La contabilización de créditos fiscales derivados de bases imponibles negativas es un aspecto clave en la gestión tributaria empresarial, ya que influye directamente en la situación financiera y fiscal de una entidad. En este contexto, la correcta aplicación del tipo de gravamen en estos casos es esencial para reflejar fielmente su impacto en los estados financieros.
Este artículo analiza el tipo impositivo aplicable al reconocimiento de un crédito fiscal por pérdidas fiscales en una empresa cuyo importe neto de la cifra de negocios (INCN) en 2022 no superó el millón de euros y que, en 2023, ha incurrido en pérdidas.
Normativa contable aplicable
La Norma de Registro y Valoración (NRV) 13ª del Plan General de Contabilidad establece que los activos por impuesto diferido, como los créditos fiscales por pérdidas fiscales, deben reconocerse cuando sea probable que la empresa genere beneficios fiscales futuros que permitan su compensación.
La Resolución de 9 de febrero de 2016 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) amplía este criterio, señalando que no se considera probable la recuperación de estos activos si su utilización se prevé en un plazo superior a diez años o si la empresa presenta un historial de pérdidas continuadas, salvo prueba en contrario.
Tipo impositivo aplicable
La Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, modificada por la Ley 31/2022, establece un tipo general del 25% y un tipo reducido del 23% para entidades cuyo INCN en el período impositivo anterior sea inferior a 1 millón de euros. Este tipo reducido no es aplicable a entidades patrimoniales, según el artículo 5.2 de la misma ley.
Valoración del crédito fiscal en el cierre contable
Al cierre del ejercicio, la empresa debe valorar el activo por impuesto diferido según el tipo de gravamen esperado en el momento de su reversión:
- Si se prevé que el INCN se mantendrá por debajo del millón de euros, se aplicará el tipo reducido del 23%
- Si se anticipa que superará este umbral, se aplicará el tipo general del 25%.
Es fundamental revisar periódicamente estas estimaciones y ajustar la valoración del crédito fiscal en función de los cambios en la situación económica de la empresa.
