El Ministerio de Hacienda, a través del Real Decreto 254/2025, de 1 de abril, ha modificado el Reglamento Verifactu, aprobado previamente mediante el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre. La principal novedad es la ampliación de los plazos para que empresas y autónomos puedan adaptarse a los nuevos sistemas de facturación electrónica.
El sistema Verifactu establece la obligación de emitir facturas electrónicas mediante un software que cumpla con los requisitos técnicos y de seguridad definidos por la normativa. Esta medida forma parte de la estrategia contra el fraude fiscal y busca garantizar la integridad, trazabilidad y autenticidad de los registros de facturación.
Nuevos plazos de aplicación
Con la entrada en vigor del Real Decreto 254/2025, se establecen los siguientes plazos para la adopción obligatoria del sistema Verifactu:
- Empresas (personas jurídicas): deberán adoptar el sistema a partir del 1 de enero de 2026
- Autónomos (personas físicas): estarán obligados a aplicarlo desde el 1 de julio de 2026.
Estos plazos aplican a todos los obligados tributarios, y también afectan a los desarrolladores y proveedores de programas de facturación.
Plazo para desarrolladores y proveedores de software
Los proveedores de software que deseen ofrecer soluciones compatibles con el sistema Verifactu podrán prepararse hasta el 29 de julio de 2025. Este margen les permite adaptar sus productos y garantizar que cumplen con los estándares requeridos antes de su implantación definitiva.
Recomendaciones y consecuencias del incumplimiento
La ampliación del calendario otorga a empresas y autónomos tiempo adicional para revisar y actualizar sus sistemas de facturación, asegurando su conformidad con la normativa antes de 2026. No obstante, el incumplimiento del sistema Verifactu puede conllevar sanciones económicas significativas.
Además, utilizar un software no adaptado puede provocar que las facturas emitidas carezcan de validez fiscal, con el riesgo de ser rechazadas por la Agencia Tributaria en caso de inspección, lo que podría acarrear consecuencias económicas graves.
Preparación obligatoria para 2026
Se recomienda a las empresas y profesionales autónomos que inicien cuanto antes el proceso de adaptación tecnológica, ya que a partir de 2026 la aplicación del sistema será obligatoria y no se contemplarán nuevas prórrogas.
