El viernes 1 de diciembre finaliza el plazo para incrementar el Canal de Denuncias para aquellas empresas de más de 50 trabajadores.
En concordancia con la disposición transitoria segunda de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, el 1 de diciembre se agota el plazo máximo para el establecimiento de un canal de denuncias para aquellas empresas del sector privado de entre 50 y 249 trabajadores.
El propósito fundamental de un canal de denuncias es, además de cumplir con la legislación vigente, ofrecer un medio seguro y confidencial para que los empleados y otras partes interesadas puedan informar de manera segura cualquier comportamiento indebido o irregularidad que detecten.
El proceso de implementar un canal de denuncias en una empresa implica los siguientes pasos:
- Seleccionar el tipo de gestión del canal de denuncias, ya sea interno o gestionado externamente
- Determinar las vías de comunicación a utilizar
- Elaborar el reglamento o la política del canal de denuncias
- Designar a un responsable del canal de denuncias
- Designar a un delegado de Protección de Datos (DPO)
- Establecer el método para recibir, gestionar, tramitar e investigar las denuncias
- Mantener un registro de todas las denuncias recibidas, resueltas y archivadas
- Difundir la existencia del canal de denuncias en la empresa.
El incumplimiento de dicha obligación puede conllevar la imposición de multas de:
a) Hasta 10.000 euros por infracciones leves, hasta 30.000 euros por infracciones graves y hasta 300.000 euros por la comisión de infracciones muy graves, si son personas físicas las responsables de las infracciones
b) Si son personas jurídicas, hasta 100.000 euros en caso de infracciones leves, hasta 600.000 euros en caso de infracciones graves y hasta 1.000.000 de euros en caso de infracciones muy graves.
