Protección integral de los denunciantesLos denunciantes son fundamentales a la hora de detectar, investigar y evitar que se vulnere el Derecho de la Unión y las legislaciones de los Estados miembro. Por eso, las autoridades deben fomentar las denuncias de irregularidades. No obstante, ahora mismo la normativa de protección de estas personas es muy dispar entre los distintos países. Por ejemplo, no todos los Estados miembros cuentan con medidas de protección integral a los denunciantes. Por eso, en abril de 2018, la UE propuso la aprobación de leyes para la protección integral de los denunciantes que ahora mismo están siendo sometidas a deliberación. El 3 de diciembre de 2018, se celebró un debate sobre estas medidas.

La cruz de la protección integral de los denunciantes

Las denuncias son una salvaguarda fundamental contra la corrupción y la defensa de la libertad de expresión. Sin embargo, existe el problema de que no se acaba de creer en las políticas de protección y de que la opinión pública desconoce las políticas de denuncia. El 81% de los encuestados en el Eurobarómetro Especial de 2017 no denunciaba las prácticas corruptas. Además, el estudio de la Comisión señalaba que el 49% de ellos no sabía dónde hacerlo.

Los denunciantes asumen mucho riesgo al destapar las irregularidades. Se pueden enfrentar a:

  • El despido
  • La inestabilidad económica
  • Las dificultades económicas
  • El deterioro de su imagen
  • El riesgo para su seguridad
  • Las consecuencias jurídicas

Una propuesta para la protección integral de los denunciantes

La propuesta de la UE se ha fijado como objetivo que los Estados miembro pongan el listón bien alto y abran canales seguros para la denuncia de irregularidades.  La propuesta de la UE está pensada para brindar protección frente a posibles represalias —como el despido— a quienes denuncien de buena fe y tengan motivos para creer que su denuncia está fundada. El objetivo es proteger a los denunciantes en ámbitos como:

  • Los servicios financieros
  • La seguridad de los transportes
  • La salud pública
  • La seguridad de los productos
  • La protección de los consumidores
  • La privacidad y la protección de datos
  • El bienestar animal

La propuesta de la UE exige a las empresas privadas de más de 50 empleados abrir canales que permitan denunciar irregularidades de manera confidencial. Es posible que también algunas empresas con menos de 50 trabajadores tengan que hacerlo si así lo decide el Estado miembro en el que radiquen tras evaluar el riesgo. A los organismos de la Administración en los que trabajen más de 50 personas o que tengan competencia sobre una población de más de 10.000 habitantes también les afectará la nueva normativa. Los Estados miembros tendrán que concienciar a la ciudadanía sobre la protección a los denunciantes publicando información de fácil acceso a través de internet.

El proceso para lograr la protección integral de los denunciantes

La UE propone que las denuncias se hagan siguiendo el siguiente proceso:

  1. Una persona debe denunciar la situación en su canal de denuncia interno.
  2. Sin embargo, si dicho canal interno no funciona correctamente y la persona que denuncia trabaja en una pyme o microempresa o es autónoma, podrá ponerla directamente en conocimiento de las autoridades de su país o, en su caso, de las instituciones comunitarias,
  3. que deberán ofrecerle una respuesta en el plazo de tres meses desde la presentación de la de denuncia.
  4. Si no recibe una contestación dentro de ese plazo, podrán hacer pública su denuncia.

Salvaguardas para lograr la protección integral de los denunciantes

La propuesta de la UE incluye salvaguardas como:

  • Asesoramiento jurídico
  • Medidas cautelares provisionales
  • Protección ante la responsabilidad
  • Protección en procedimientos judiciales
  • Confidencialidad
  • Presunción de inocencia
  • Derecho a la reparación del daño causado

Los denunciantes son una pieza imprescindible para destapar casos de corrupción. La propuesta de la UE fomentará las denuncias gracias a la protección integral de los denunciantes y las salvaguardas que les ofrece (Protección integral de los denunciantes).