El despido disciplinario en España exige ahora una audiencia previa al trabajador. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en su sentencia de 18 de noviembre de 2024, aplicando directamente el artículo 7 del Convenio núm. 158 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que reconoce el derecho del trabajador a defenderse antes de que se decida su despido por causas relacionadas con su conducta o rendimiento.
Doctrina del Supremo: cambio relevante
El Pleno de la Sala de lo Social ha declarado que este Convenio internacional tiene aplicación directa en el ordenamiento jurídico español, sin necesidad de desarrollo normativo adicional, conforme al artículo 96.1 de la Constitución. Esto implica que las empresas están obligadas a permitir al trabajador exponer su versión antes de despedirle por motivos disciplinarios.
Excepciones justificadas
La audiencia previa no será exigible en situaciones excepcionales, como:
- Riesgo de destrucción de pruebas
- Imposibilidad material de celebrar el trámite
- Supuestos en los que no sea razonable pedir al empresario que lo permita.
Estas excepciones deben estar justificadas y documentadas.
Consecuencias del incumplimiento
Omitir la audiencia puede conllevar:
- Calificación del despido como improcedente
- Posibles sanciones administrativas
- Indemnización si se acredita indefensión.
El STSJ (Tribunal Supremo de Justicia) de Illes Balears, en su sentencia de 12 de febrero de 2025 (n.º 2025/525628), ya ha aplicado esta doctrina como consolidada.
¿Cómo cumplir con esta obligación?
Aunque no se exige una forma concreta, se considera válida una citación breve —incluso el mismo día del despido— siempre que el trabajador pueda conocer los hechos y defenderse mínimamente. Es recomendable dejar constancia escrita del trámite.
Conclusión
Todo despido disciplinario debe incluir una audiencia previa, salvo en supuestos excepcionales. Esta exigencia refuerza los derechos del trabajador y alinea el procedimiento con los estándares internacionales de la OIT. Las empresas deben revisar sus protocolos para evitar riesgos legales.
Sara Flores