Las empresas están ahora llamadas a adoptar una actitud proactiva e inclusiva, que trascienda el mero cumplimiento normativo y apueste firmemente por la diversidad, la equidad y la sostenibilidad en el empleo.
Esta medida obliga a las empresas a adaptarse sin reducir salarios, mediante ajustes organizativos y tecnológicos, y acuerdos con la representación legal que garanticen el cumplimiento y mantengan la productividad.
Este nuevo marco legal tiene por objetivo, no sólo modernizar su legislación en extranjería, sino también facilitar la integración social, alinearse con la normativa europea y fortalecer los derechos de las personas extranjeras.
Con la reforma, la carga de la prueba se invierte: ahora será el trabajador quien deberá demostrar que el despido se produjo únicamente por el ejercicio de su derecho a solicitar esta adaptación.
Se introduce una nueva medida denominada “cotización adicional de solidaridad”, la cual afectará a aquellos trabajadores cuyos salarios superen la base máxima de cotización, y que se aplicará a partir de enero de 2025.