Este nuevo marco legal tiene por objetivo, no sólo modernizar su legislación en extranjería, sino también facilitar la integración social, alinearse con la normativa europea y fortalecer los derechos de las personas extranjeras.
Con la reforma, la carga de la prueba se invierte: ahora será el trabajador quien deberá demostrar que el despido se produjo únicamente por el ejercicio de su derecho a solicitar esta adaptación.
Se introduce una nueva medida denominada “cotización adicional de solidaridad”, la cual afectará a aquellos trabajadores cuyos salarios superen la base máxima de cotización, y que se aplicará a partir de enero de 2025.
El SMI queda fijado en 37,8 euros por día o 1.134 euros por mes para jornada completa para cualquier actividad en la agricultura, industria y en los servicios, sin distinción de sexo, ni edad de los trabajadores, aumentando un 5% con respecto a 2023.
Su propósito fundamental es ofrecer un medio seguro y confidencial para que los empleados y otras partes interesadas puedan informar de manera segura cualquier comportamiento indebido o irregularidad que detecten.