Cuando sea necesaria la entrada al domicilio constitucionalmente protegido de un obligado tributario o efectuar registros en el mismo, la Administración Tributaria deberá obtener el consentimiento de aquel o la oportuna autorización judicial.
No acreditada la concurrencia de la omisión de datos relevantes o la inclusión de datos falsos en la conducta consistente en solicitar indebidamente una devolución, determinantes de la improcedencia de la misma, dicha conducta no será sancionable.
El impago o retraso en el cobro de las facturas supone un problema muy importante de liquidez para las empresas, las cuales optan por intentar recuperar el IVA de los créditos que resulten fallidos como alternativa ante la actual crisis.