No es hasta el 02 de octubre de 2018 que la publicación de la Ley 39/2015 del 02 de octubre de 2016 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la cual regula la práctica de las notificaciones en España a través de medios electrónicos, produce efecto. Vencida la fecha, el plazo se amplía dos años más.

Posteriormente, y según el Real Decreto Ley 27/2020 del 04 de agosto de medidas financieras de carácter extraordinario y urgencia, aplicables a las entidades locales, se establece una nueva prórroga de seis meses -esta vez motivada por la crisis sanitaria del COVID-19- y con fecha de finalización a 02 de abril de 2021, para la entrada en vigor de las previsiones relativas con:

  • registro administrativo de apoderamientos,
  • registro electrónico,
  • empleados públicos habilitados,
  • punto de acceso general electrónico de la administración (PAGe)
  • y archivo único electrónico.

Dicha Ley tiene como objeto implantar la administración electrónica en los trámites y la validación de requisitos de los ciudadanos, acortar los tiempos de presentación de las solicitudes, notificaciones y respuestas y mejorar así la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

En este sentido, se esperan desde abril publicaciones con nuevas directrices referentes a la entrada en vigor del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para seguir avanzando en la transformación digital de las notificaciones electrónicas.

Desde Arintass, podemos ayudarle a obtener y/o actualizar su certificado electrónico, así como asesorarle en la gestión de su dirección electrónica habilitada, que conlleva el cumplimiento en forma y plazo de todas las responsabilidades que pudiesen generar las notificaciones recibidas de los diferentes entes públicos:

  • Agencia Estatal de Administración Tributaria,
  • Tesorería General de la Seguridad Social,
  • Dirección General de Tráfico,
  • Tablón Edictal Único,
  • Gencat,
  • Lexnet,
  • Administraciones de Ayuntamientos,
  • Comunidades Autónomas,
  • Tribunales,
  • Dirección General de Comercio y Consumo,
  • SEPBLAC
  • y Agencia Española de Protección de Datos.
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María Esther Lattrónico

Asesor Fiscal y Contable