Estas modificaciones, aplicables desde el 1 de enero de 2025, responden a la necesidad de adaptar la normativa fiscal a los cambios económicos y legislativos, facilitando así el cumplimiento tributario.
La digitalización ha transformado profundamente la economía global, introduciendo modelos de negocio que operan sin necesidad de una presencia física en los países donde ofrecen sus servicios.
Para inscribirse en REDEME las empresas deben cumplir ciertos requisitos, entre ellos, la obligación de enviar la información de sus facturas emitidas y recibidas a la Agencia Tributaria a través del Suministro Inmediato de Información (SII).
La Audiencia Nacional se ha pronunciado con respecto a este permiso, estableciendo que el alta médica no implica que la licencia retribuida por hospitalización prevista en el Estatuto de los Trabajadores deba finalizar.
La correcta declaración del IVA intracomunitario no sólo es una obligación legal, sino también una práctica que protege a las empresas de sanciones y contribuye a un mercado europeo más transparente y equitativo.