No sólo es una obligación legal, sino una herramienta de control interno que permite detectar posibles desigualdades salariales y reducir riesgos frente a la Inspección de Trabajo.
No obstante, su validez no es automática y, para que el juez los admita y los tenga en cuenta, dependerá de que se acrediten correctamente su autenticidad, integridad e identidad.
Las empresas están ahora llamadas a adoptar una actitud proactiva e inclusiva, que trascienda el mero cumplimiento normativo y apueste firmemente por la diversidad, la equidad y la sostenibilidad en el empleo.
Esta medida obliga a las empresas a adaptarse sin reducir salarios, mediante ajustes organizativos y tecnológicos, y acuerdos con la representación legal que garanticen el cumplimiento y mantengan la productividad.
Esta actualización, que adapta la codificación empresarial a la economía actual, obliga a las empresas a revisar su código antes del 30 de junio de 2025 para evitar errores en cotizaciones y trámites administrativos.
El nuevo Reglamento de Extranjería en España, en vigor desde el 20 de mayo de 2025 tras la aprobación del Real Decreto 1155/2024, simplifica trámites, actualiza figuras migratorias y mejora la seguridad jurídica en los procedimientos.