A través del Modelo 368 la empresa tiene como obligación informar a Hacienda del IVA repercutido en sus prestaciones de servicios de telecomunicaciones, radiodifusión, televisión o servicios prestados por vía electrónica, independientemente de que haya habido o no actividad.
Un delito fiscal se produce cuando la cantidad defraudada supera los 120.000€, mientras que si el importe es inferior, únicamente se consideraría una falta administrativa.
El impago o retraso en el cobro de las facturas supone un problema muy importante de liquidez para las empresas, las cuales optan por intentar recuperar el IVA de los créditos que resulten fallidos como alternativa ante la actual crisis.
En la legislación española vigente no existe ningún tipo de normativa diferente a la aplicada a los ciudadanos españoles que restrinja la compra de un inmueble por parte de una persona no residente o extranjera.
